El Ministerio de Salud de Colombia ganó a finales del año pasado una batalla no menor, bajar en un 44% el precio del Imatinib, más conocido como Glivec, del laboratorio suizo Novartis, dueño de la patente. Este fármaco es clave para tratar la leucemia mieloide crónica y otros siete tipos de cáncer más.
Una vez el Imatinib entró al sistema de control de precios del gobierno colombiano para medicamentos declarados de interés público, se estableció un precio de 206 pesos por miligramo, lo que significó una caída del 44 % del precio anteriormente autorizado. Para el sistema de salud, con base en datos del Ministerio, la decisión representó un ahorro en cifras redondas de 14.000 millones de pesos anuales.
Esa decisión generó una batalla en el seno del mismo gobierno de Juan Manuel Santos, entre las carteras de Salud y Comercio. Para Holguín, director de Misión Salud, una de las tres entidades que solicitó la declaración de interés público para lograr que bajara el precio del producto: “el interés del Ministerio de Comercio tiene que ver con no arriesgar el ingreso de Colombia a la OCDE, el interés del Ministerio de Salud es salvar vidas”.
Como consecuencia, para frenar acciones futuras de declaratoria de interés público con fines de ajuste a un precio menor de los medicamentos de alto costo, el Ministerio de Comercio expidió un decreto (ver decreto).
A juicio de Germán Holguín, director de Misión Salud, para emitir el decreto se debía agotar un proceso de discusión pública en el que participan representantes del Ministerio de Salud, de la Superintendencia de Industria y Comercio y del Ministerio de Comercio. Pero el primero en mención prácticamente no fue tenido en cuenta.
Las presiones incluso se evidencian más allá, con una carta del 28 de febrero de 2017 dirigida al secretario general de la Presidencia de la República, Luis Guillermo Vélez Cabrera, por parte de Gustavo Morales Cobo, presidente de la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos de Investigación y Desarrollo (AFIDRO) –ver carta-, en la que se queja de que no se le ha puesto freno a las actuaciones del Ministerio de Salud.
Morales se defiende y argumenta que “los gremios estamos para hacerle propuestas a los diseñadores de políticas públicas, para señalar a lo que nuestro juicio está bien o está mal de una determinada política pública y lo que hicimos fue señalar unas preocupaciones que teníamos con unas normas vigentes y solicitar la posibilidad de que se revisarán esas normas”.
En estos momentos la farmacéutica suiza Novartis amenaza con una demanda por la supuesta violación a acuerdos internacionales y con incluir a Colombia en la lista de países que incumplen gravemente los estándares de protección de la propiedad intelectual.
Alejandro Gaviria, ministro de Salud, confirma las presiones de Novartis y explica que el problema de acceso a medicamentos es mucho más complejo de lo que incluso las organizaciones de la sociedad civil consideran: “Todos los tratados internacionales, incluyendo los del libre comercio que ha firmado Colombia, dicen que hay flexibilidades, normas de propiedad intelectual, pero todos los estados pueden o no acogerse a esas normas de propiedad intelectual. Pero en la práctica es muy difícil y los países enfrentan todo tipo de presiones. Algunas implícitas, otras explícitas”.
Pese a todo, el Ministerio de Salud se la ha jugado dando la pelea y entre 2013 y 2014 reguló el precio de 860 medicamentos.
De hecho el Ministerio espera que ese listado de medicamentos regulados se amplíe a 3.230 antes de que se acabe el primer semestre de 2017. Entre esa lista se encuentran 560 moléculas innovadoras que ingresaron al mercado entre 2010 y 2016, que son las que más presión ejercen sobre los gastos del sistema. También se encuentran medicamentos ya regulados pero que requieren actualización.
Lo que se busca con esta nueva regulación, es que se generen ahorros por 105.000 millones de pesos anuales y en el escenario más optimista de 388.000 mil millones de pesos.
Esta actuación del Ministerio de Salud se suma a los logros del caso imatinib, el cual se dio gracias a la solicitud de Declaratoria de Interés Pública (DIP) impulsada por tres organizaciones de la sociedad civil: Misión Salud, Ifarma y el Centro de Información de Medicamentos de la Universidad Nacional (CIMUN).
El caso colombiano con relación a Imatinib es una carta que ningún estado latinoamericano se había jugado. Sin embargo, nada parece ser suficiente para frenar el desangre del sistema de salud colombiano ocasionado por los precios de los medicamentos de alto costo que gozan del privilegio del monopolio.
Foto de portada: Medicamento Imatinib/ EFE/El Tiempo