La abstención de tres congresistas de Fuerza Popular no impidió ayer que la Comisión de Salud del Congreso aprobara el proyecto de ley para declarar de interés público el atazanavir, un medicamento esencial para mantener con vida a miles de pacientes con VIH. Se trató de un paso fundamental para liberar la producción y venta de un fármaco que, debido al control monopólico de la farmacéutica estadounidense Bristol-Myers Squibb, ha generado un sobrecosto de más de 75 millones al Estado en los últimos cuatro años.
Los congresistas fujimoristas Segundo Tapia, Milagros Salazar y Guillermo Martorell se abstuvieron de votar la propuesta, pese a que el parlamentario Tapia dijo estar a favor de la misma. Sin embargo, la iniciativa del legislador del Frente Amplio Hernando Cevallos Flores llegó a ser aprobada con 4 de los 7 votos de la sesión.
El dictamen pasará ahora al Pleno del Parlamento y puede allanar el camino para la primera licencia obligatoria o quiebre de la patente de un fármaco en el Perú.
ATAZANAVIR. El laboratorio Bristol vende este medicamento bajo el nombre comercial de Reyataz. /El Universal
"Por encima de cualquier interés empresarial está el derecho a la salud", señaló Cevallos al momento de argumentar la propuesta.
En la sesión, realizada en la sala Carlos Torres y Torres Lara del Congreso, estuvieron presentes representantes de distintas organizaciones civiles que durante más de dos años han estado solicitando al Ministerio de Salud la declaración de interés público del atazanavir.
Una iniciativa previa para la emisión de un decreto supremo con ese mismo objetivo, presentada en el 2015 por el propio Minsa, quedó detenida en el Consejo de Coordinación Viceministerial, una instancia previa a su discusión en la Presidencia del Consejo de Ministros. La propuesta del ministerio contaba con los informes favorables de la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid) y de Essalud para la declaratoria de interés por razones de índole presupuestal, debido al gasto excesivo que representa la compra de ese medicamento por el Estado a un precio de marca varias veces mayor que la versiones genéricas disponibles en el mercado internacional.
El proyecto del sector Salud se topó con la oposición de las carteras de Comercio Exterior y Economía, con el argumento de que se violarían las normas de propiedad intelectual.
Esta vez la propuesta en el Parlamento ha contado con el pronunciamiento a favor de la Defensoría del Pueblo, que la semana pasada emitió un informe legal y envió dicho documento al Congreso y la Presidencia del Consejo de Ministros.
El alto precio que el Estado ha venido pagando por este medicamento, desde que ingresó al país en 1999, se debe a que el laboratorio Bristol-Myers Squibb cuenta con una patente en el Perú que le garantiza la comercialización exclusiva de este componente para su presentación en forma de sales. Este privilegio monopólico recién vencerá en enero del 2019, según datos recogidos en el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi).
En una anterior sesión de la Comisión de Salud, la semana pasada, voceros de la industria farmacéutica señalaron que la declaratoria de interés público -paso previo a la emisión de una licencia obligatoria que liberaría el producto-, no procede porque supuestamente no existen condiciones de emergencia o una grave situación de falta de acceso.
Sin embargo, según un informe de la Digemid, el interés público radica justamente en que el gasto por este fármaco es desproporcionado en relación al precio que tiene en países vecinos, y constituye el 50% del presupuesto destinado por el Estado a la compra de antirretrovirales en el país.
Tras unas negociaciones iniciales entre el Estado y la trasnacional en el 2015, Bristol-Myers Squibb hizo una reducción del 35% del precio de su medicamento. Aún así el tratamiento anual con Reyataz (nombre comercial del producto elaborado por BMS) tiene un costo de 4.190 dólares por paciente en el Perú, mucho mayor que en la mayoría de países de Latinoamérica.
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